El fiscal Gerardo Pollicita determinó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni y pidió derivar la causa por presunta evasión fiscal
El dictamen concluyó que el patrimonio cuestionado no se generó durante su paso por la función pública. En la investigación sobresale la compra de un lote en el barrio cerrado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
El fiscal federal Gerardo Pollicita dictaminó que no existen elementos suficientes para acusar por enriquecimiento ilícito al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, y solicitó que el expediente sea derivado a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigar una eventual evasión tributaria. La resolución, que ahora debe ser evaluada por el juez Ariel Lijo, sostiene que no fue posible desestimar que el capital investigado se hubiera originado con anterioridad a su ingreso al Poder Ejecutivo.
La investigación judicial examinó la evolución patrimonial del ex funcionario durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, tras una denuncia promovida por la diputada Marcela Pagano. Aunque el dictamen descarta el enriquecimiento en el ejercicio público, mantiene sospechas sobre fondos, dólares en efectivo y tenencias en criptoactivos no declarados oportunamente ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La compra de la propiedad en Indio Cuá Golf Club
Entre los activos clave puestos bajo la lupa judicial figura un lote situado en el country Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz. La propiedad fue escriturada en noviembre de 2024 a nombre de la esposa del ex funcionario, Bettina Angeletti, por un valor informado de USD 120.000, sumado a una tasa de ingreso al barrio privado de USD 5.000.
Para financiar dicha operación, la pareja declaró la toma de un préstamo no bancario de USD 100.000 garantizado con hipoteca sobre un inmueble en Parque Chacabuco, mientras que los restantes USD 20.000 se habrían saldado en efectivo. El crédito fue otorgado por dos particulares, Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio.
A su vez, el expediente analizó el monto destinado a las remodelaciones de la vivienda en el distrito: mientras el contratista Matías Tabar declaró haber cobrado USD 245.000 en efectivo y sin emisión de facturas, la defensa de Adorni sostuvo que los trabajos demandaron USD 175.000, sustentados con ahorros previos.
Descargo por Bitcoin y pedido de incompetencia
Frente a las intimaciones, la defensa argumentó que entre 2014 y 2018 Manuel Adorni invirtió cerca de USD 200.000 en Bitcoin a través de ocho direcciones de autocustodia, alcanzando una liquidación total de USD 591.544,61 que posteriormente conservó en efectivo. Tras las pericias desarrolladas por la Policía Federal Argentina, se confirmó el control actual sobre las billeteras virtuales, aunque se señaló la imposibilidad técnica de precisar quién administraba las claves en los años indicados.
No obstante, Pollicita concluyó que la hipótesis planteada no fue refutada por las pruebas de la causa. Dado que el tipo penal de enriquecimiento ilícito requiere que el incremento patrimonial ocurra durante el ejercicio de la función pública, la Fiscalía resolvió declinar la competencia del fuero criminal federal.
El expediente pasará ahora al fuero Penal Económico para determinar si existió evasión en tributos como Ganancias y Bienes Personales, al tiempo que se requirió investigar la actuación del contratista Matías Tabar, desarrolladores inmobiliarios y la escribana Adriana Mónica Nechevenko.
