Revés para la IGJ: la Justicia avaló el traslado de la AFA a Pilar y frenó la intervención
La Cámara Nacional en lo Civil ratificó la legalidad del cambio de domicilio de la entidad a nuestro distrito y anuló la designación de veedores dispuesta por el Gobierno nacional.
En un fallo que marca un precedente institucional clave, la Cámara Nacional en lo Civil resolvió a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), avalando el traslado de su sede social a Pilar y dejando sin efecto la intervención dispuesta sobre la entidad.
La resolución, firmada por los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, sostiene que, tras la mudanza de la sede a territorio bonaerense y su correspondiente inscripción, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires es el único organismo competente para ejercer el control de legalidad y la fiscalización sobre la asociación que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
El fin de la injerencia de la IGJ
El tribunal declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 emitida por la Inspección General de Justicia (IGJ). Asimismo, dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Justicia que había ordenado la designación de veedores en la AFA por un plazo de 180 días hábiles.
Los jueces fueron contundentes al señalar que la IGJ carece de facultades para revisar decisiones que fueron adoptadas y autorizadas dentro de otra jurisdicción. Según los magistrados, los actos administrativos emitidos por el organismo provincial bonaerense gozan de plena validez, y la IGJ no posee competencia para ejercer funciones revisoras sobre ellos.
Un proceso iniciado en 2024
La controversia tiene su origen en la Asamblea General de la AFA de octubre de 2024, cuando la entidad aprobó la modificación estatutaria para mudar su domicilio legal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia el partido de Pilar. Tras la autorización de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, el cambio se consolidó, trasladando también la órbita de fiscalización de sus estados contables y obligaciones administrativas.
Si bien este fallo representa un respaldo judicial estratégico para la conducción de Tapia en su disputa administrativa, el tribunal aclaró que esta decisión no interfiere con otros procesos, señalando que las investigaciones penales en curso continuarán su trámite en los tribunales correspondientes.
