LA CORTE SUPREMA DEJÓ FIRME LA CAUTELAR QUE OBLIGA AL GOBIERNO A CUMPLIR LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
El máximo tribunal rechazó el recurso de queja de la administración de Javier Milei. Ordenó intimar al Estado Nacional para que efectúe los pagos previstos por la ley de actualización presupuestaria y salarial.
En un fallo de alto impacto político y educativo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que ordena al Gobierno Nacional otorgar un aumento salarial al personal docente y no docente de las universidades públicas, convocar a paritarias nacionales e incrementar los fondos destinados a las becas estudiantiles. La resolución judicial respalda la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025.
El máximo tribunal tomó la determinación tras rechazar de forma unánime el recurso extraordinario de queja presentado por el Poder Ejecutivo y un pedido de excusación, ratificando de este modo lo dispuesto previamente por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Con esta firma, el Poder Judicial ordenó intimar de forma directa al Estado para que concrete los depósitos estipulados.
Las diferencias entre la Ley y el acuerdo oficial
Si bien la decisión de la Corte coincide en algunos puntos con el acta acuerdo alcanzada el pasado 10 de junio entre el Gobierno y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las casas de altos estudios mantienen el reclamo por el cumplimiento integral de la normativa. Tras el fallo, los gremios universitarios adelantaron que exigirán de forma inmediata una recomposición salarial del 32,5%.
La principal diferencia radica en el alcance de la actualización de los ingresos:
- La Ley de Financiamiento: Establece de forma obligatoria en sus artículos 5 y 6 la aplicación de actualizaciones salariales retroactivas que cubran el desfasaje desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la actualidad, sumado a un incremento en las Becas Progresar.
- El acuerdo del Gobierno: Prevé un incremento del 24,33% total (distribuido en un 21,33% para el mes de junio y un 3% en octubre), que contempla la inflación de 2025 y los primeros meses de 2026, más un adicional del 7% para intentar compensar el poder adquisitivo perdido en 2024, dejando fuera de la ecuación el retroactivo a 2023 de la ley del Congreso.
"Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Luchar por lo correcto siempre vale la pena", celebró a través de sus redes sociales el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.
Por otra parte, el entendimiento firmado con las autoridades universitarias también fijó una suba del 20% en los gastos de funcionamiento de los edificios académicos y una mejora del 50% en las Becas Manuel Belgrano (destinadas a carreras estratégicas, cuyos montos estaban congelados en $ 81.685 desde el año 2024), pero omitió por completo cualquier tipo de indexación para las Becas Progresar, punto que la Justicia ahora obliga a regularizar de manera urgente.
