Histórico: el Ministerio de Defensa habilitó el segundo empleo para los militares ante la crisis salarial
Las Fuerzas Armadas podrán desempeñarse legalmente en plataformas de transporte, reparto o seguridad privada fuera del horario de servicio. Desde diciembre de 2023, el sueldo castrense sufrió una fuerte pérdida de poder adquisitivo.
En una resolución sin precedentes en la historia de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa de la Nación reconoció formalmente la profunda crisis económica que afecta a los uniformados y autorizó por primera vez a los efectivos militares a tener un segundo empleo en el ámbito privado para complementar sus ingresos.
La medida, que alcanza de forma directa a soldados, suboficiales y oficiales, establece la posibilidad de desempeñar actividades laborales complementarias siempre que se realicen fuera de su horario de servicio y no interfieran con la función militar. De esta manera, quienes tienen a su cargo la custodia de la soberanía nacional quedan habilitados de forma legal para trabajar en plataformas de transporte de pasajeros (como Uber), servicios de reparto o tareas de seguridad privada. En los hechos, la normativa viene a blanquear una situación de pluriempleo informal que ya se registraba en diversos sectores de las fuerzas debido al atraso en los haberes.
Pérdida del salario real y freno a la jerarquización
El descontento en los cuarteles se venía profundizando luego de que la administración de Javier Milei pusiera un freno al plan de jerarquización salarial, una iniciativa implementada durante la gestión de Sergio Massa que buscaba equiparar de forma paulatina los ingresos castrenses con los de las fuerzas de seguridad federales y policiales.
De acuerdo con datos técnicos del sector, desde la asunción del actual Gobierno, el sueldo militar ha registrado un importante desfasaje frente a la evolución de los precios. El salario real en las fuerzas se ubica hoy un 25% por debajo respecto de los valores de diciembre de 2023. Esta situación dramática en materia de ingresos familiares se complementa con fuertes recortes presupuestarios orientados al equipamiento militar y una marcada precarización en la cobertura médica de las obras sociales de la fuerza.
Fuga de cerebros e impacto en el personal calificado
Más allá del impacto directo en la economía de los hogares militares, la resolución del Ejecutivo expone un grave problema estructural que afecta directamente a la capacidad operativa del Estado: la imposibilidad de retener al personal técnico calificado.
En los últimos meses se ha multiplicado la baja voluntaria de cuadros de alto valor estratégico. Pilotos, ingenieros, médicos, especialistas en telecomunicaciones, expertos en ciberdefensa e inteligencia táctica deciden abandonar la carrera formal para migrar hacia un mercado corporativo privado que ofrece remuneraciones sustancialmente superiores. La habilitación del pluriempleo busca operar como un paliativo para frenar el éxodo de estos profesionales especializados, cuya formación demanda años de inversión estatal en logística, conducción militar y defensa territorial.
