HISTÓRICO: EL GOBIERNO ADJUDICÓ LA HIDROVÍA A JAN DE NUL EN LA MAYOR PRIVATIZACIÓN DE LA ERA MILEI
A través de la resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, la firma belga en sociedad con la argentina Servimagnus se quedó con la Vía Navegable Troncal por 25 años. Prometen una baja inicial del 13,5% en las tarifas portuarias.
En un movimiento estratégico clave para el comercio exterior, el Gobierno nacional confirmó este jueves la adjudicación de la mayor privatización en lo que va de la gestión de Javier Milei: la concesión por 25 años de la Vía Navegable Troncal sobre el río Paraná, conocida popularmente como Hidrovía. El consorcio ganador está integrado por la empresa belga Jan de Nul y su socia argentina Servimagnus, según quedó plasmado en la resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial.
De esta manera, tras un extenso proceso de un año y medio que incluyó dos licitaciones, el oficialismo cierra su privatización más importante. El convenio estipula una baja inicial de las tarifas de peaje del 13,5%, pasando de los actuales 4,30 dólares por tonelada de registro neto a 3,80 dólares, valor que se mantendrá hasta que se inicien las obras de profundización del dragado. Luego, el cuadro tarifario escalará escalonadamente a U$S 4,65 hasta alcanzar un techo de U$S 5,78.
Ante un empate económico exacto —debido a que ambos finalistas ofertaron el precio mínimo del pliego—, Jan de Nul se impuso sobre su compatriota Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME) gracias a la calificación de su propuesta técnica, donde el Estado valoró su experiencia previa operando la misma vía entre 1996 y 2021. El negocio global de dragado y mantenimiento se estima en un total de 15.000 millones de dólares.
El impacto logístico y el contexto político de la medida
La Hidrovía es la principal arteria productiva de la Argentina: concentra cerca de 60 terminales portuarias y por su cauce circula más del 80% de las exportaciones del país. La resolución llega en un momento de alta sensibilidad, en medio del desarrollo del Mundial de Fútbol y mientras el Ejecutivo nacional intenta capear distintos escándalos políticos en la arena pública. Desde el Ministerio de Economía señalaron que la firma del contrato, prevista para los próximos 30 días, "impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores" y servirá para incorporar tecnología aplicada a la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico.
La medida impacta de lleno en la dinámica de la Zona Norte y el Delta del Paraná. Los buques que ingresan a la provincia de Buenos Aires tocan puntos clave como San Pedro y Ramallo (terminales de granos e industria) y San Nicolás de los Arroyos (siderurgia y minerales). No obstante, la mayor expectativa está puesta en las terminales de aguas profundas de Zárate y Campana —ciudades vecinas esenciales para nuestra región— especializadas en automotores, combustibles y contenedores, cuya operatividad depende directamente del calado del Paraná de las Palmas. Más al sur, Tigre y San Fernando completan el esquema enfocados en el cabotaje menor y el turismo.
POLÉMICA POR EL RIGI: DENUNCIAN "ENTREGA" A CHINA EN UN MEGAPROYECTO MINERO
La adjudicación del campamento Batidero en San Juan a un consorcio estatal chino generó fuertes críticas. Advierten que la licitación dejó de lado a la industria metalúrgica local pese a que la propuesta argentina era técnicamente superior.
En paralelo a la agenda de privatizaciones, el Gobierno nacional enfrenta un duro revés discursivo y gremial tras la aplicación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en el sector minero. El consorcio estatal asiático PowerChina y Beijing Chengdong resultó adjudicatario para la construcción del campamento Batidero, una gigantesca ciudad modular en la cordillera de San Juan diseñada para albergar hasta 13.000 trabajadores del megaproyecto de cobre Distrito Vicuña (operado por BHP y Lundin).
La polémica estalló al conocerse los detalles de la licitación: el grupo chino ofertó 52 millones de dólares frente a los 70 millones de dólares que propuso la firma local Modular Homes. Si bien las autoridades justificaron la importación amparándose en la diferencia de costos, la auditoría internacional de la consultora Fluor —gerente técnica de la obra— dictaminó de forma explícita que la propuesta argentina era técnicamente superior y garantizaba mayores estándares de seguridad para las condiciones extremas de alta montaña.
Desindustrialización y subsidio inverso
Diferentes sectores industriales denunciaron que la brecha de precios no responde a una falta de competitividad de las empresas nacionales, sino a una "cancha inclinada" por el propio Estado. Mientras las PyMEs locales afrontan una carga fiscal interna del 85%, el RIGI exime a los importadores extranjeros de derechos aduaneros y tasas, otorgándoles una ventaja artificial del 30%. El ahorro de 18 millones de dólares celebrado por las operadoras transnacionales representa apenas el 0,1% de la inversión total proyectada de U$S 18.000 millones, pero el costo social en el país será de gran magnitud.
La decisión dejará afuera de la cadena de valor a 500 operarios metalúrgicos calificados y golpeará a más de 50 PyMEs proveedoras locales. En su lugar, el impacto laboral en la cordillera se reducirá a solo 50 operarios destinados a tareas básicas de ensamble a través de una contratista. Desde el sector recordaron hitos de la ingeniería modular argentina, como la construcción de 11 hospitales de emergencia en 2020 por parte de la firma Ecosan S.A. —obra realizada en un plazo récord de 30 días que recibió el galardón internacional World of Modular Award en Estados Unidos—, lo que echa por tierra el argumento oficial sobre la supuesta falta de escala o capacidad técnica de las constructoras nacionales.
