El Gobierno puso en marcha la reforma laboral: un cambio de paradigma que debilita la protección del trabajador
Con la publicación del Decreto 137/2026, comenzó a regir la Ley Nº 27.802. La norma firmada por Milei, Adorni y Pettovello. Los puntos de conflicto que prometen una ola de judicialización.
Desde la medianoche de este viernes, el mapa de las relaciones laborales en la Argentina sufrió su transformación más drástica en décadas. Tras la promulgación de la Ley Nº 27.802 mediante el Decreto 137/2026, el Poder Ejecutivo dio el paso final para implementar una reforma que, bajo la premisa de "modernización", desarticula gran parte de la columna vertebral del Derecho del Trabajo en el país.
El texto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, no solo busca reducir el llamado "costo laboral", sino que altera de fondo la correlación de fuerzas entre empleadores y empleados.
El fin de la indemnización tradicional y el "Fondo de Cese"
Uno de los ejes más polémicos de la nueva ley es la habilitación para que los convenios colectivos reemplacen la indemnización por despido (Art. 245 de la LCT) por un Fondo de Cese Laboral, inspirado en el modelo de la construcción.
Para los especialistas críticos de la medida, esto representa el fin de la estabilidad relativa: al empleador ya no le "duele" despedir, ya que el costo ha sido prorrateado mensualmente. Esto, sumado a la eliminación de las multas por trabajo no registrado, genera un escenario de desprotección donde la informalidad deja de tener un castigo económico disuasorio.
Jornada, vacaciones y la "disponibilidad" del empleado
La reforma también mete mano en la organización del tiempo. La nueva normativa permite una mayor flexibilidad en la duración de la jornada laboral, facilitando los bancos de horas. Esto significa que el trabajador podrá ser requerido para jornadas extendidas en picos de demanda sin que ello implique necesariamente el pago de horas extras, compensándose con descansos en períodos de baja actividad.
En cuanto a las vacaciones, si bien se mantienen los plazos, la potestad de la empresa para fraccionar y disponer de los períodos de descanso se vuelve más laxa, erosionando el derecho al descanso efectivo y la planificación familiar del trabajador.
El ataque a los derechos colectivos y la caja sindical
El corazón político de la reforma apunta a los gremios. La Ley 27.802 introduce cambios críticos:
- Limitación de la ultraactividad: Los convenios colectivos ya no se renovarán automáticamente en todos sus puntos si no hay acuerdo, lo que obligará a los sindicatos a negociar desde una posición de debilidad para no perder beneficios previos.
- Restricción del derecho a huelga: Se amplía el listado de "servicios esenciales" y "actividades de importancia trascendental", obligando a coberturas mínimas de hasta el 75% en sectores como transporte y educación, lo que en la práctica neutraliza la eficacia de las medidas de fuerza.
- Cuotas solidarias: Se prohíbe el descuento de cuotas solidarias a trabajadores no afiliados sin un consentimiento explícito, un golpe directo al financiamiento de las estructuras sindicales.
Escenario judicial en puerta
Desde los sectores jurídicos vinculados a la CGT y las CTA ya advierten que la norma es "inconstitucional" por violar el principio de progresividad y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Se espera que, a partir de hoy, comience una batalla en los tribunales del fuero laboral, donde se buscará frenar la aplicación de los artículos que vulneran derechos adquiridos.
Con esta firma, el Gobierno de Milei consolida su agenda de desregulación, dejando en manos del mercado la protección de un eslabón que, hasta ayer, el Estado consideraba la parte débil de la relación: el trabajador.
