CRECEN LAS SOSPECHAS DE ESTAFA CONTRA UNA CONCESIONARIA DE AUTOS DE ALTA GAMA EN PILAR
El local de Autos Pilar Premium apareció cerrado y con sus vidrios tapados tras acumular al menos 20 denuncias de damnificados. Entre las víctimas se encuentra un diputado nacional de LLA.
La concesionaria Autos Pilar Premium, ubicada sobre la colectora de la autopista Panamericana a la altura del kilómetro 39,500, se encuentra en el ojo de la tormenta tras acumular numerosas denuncias por presuntas estafas. En las últimas horas, el establecimiento comercial apareció completamente cerrado y con sus ventanales cubiertos con cartones, lo que encendió las alarmas de los damnificados que aseguran haber pagado por vehículos de alta gama que nunca les fueron entregados.
La investigación judicial, calificada bajo la carátula de "estafa y asociación ilícita", está a cargo de la UFI Nº 2 y cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro. En el marco de los últimos procedimientos realizados por la Policía Bonaerense, se autorizaron allanamientos que derivaron en el secuestro y la incautación de 19 autos de lujo pertenecientes a la firma, con un valor de mercado estimado en aproximadamente U$S 1.229.200.
Entre los principales denunciantes se destaca el diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, quien manifestó haber sido víctima de una maniobra fraudulenta tras abonar la suma de US$ 285.000 por una camioneta Tesla Cybertruck que jamás recibió. Asimismo, el expediente suma al menos a 20 damnificados recurrentes. Otro de los casos resonantes es el de un joven que entregó su vehículo en permuta junto a una seña inicial de 2.500 dólares, para luego transferir 10.990 dólares adicionales con el fin de adquirir un Volkswagen Nivus. Al momento de retirar la documentación, el local ya se encontraba desmantelado.
El propietario de la firma, Carlos Alberto González, cuenta con antecedentes complejos en la zona norte. En 2025 había sido procesado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, bajo el cargo de desobediencia a funcionario público, sumando un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. Dicha causa se había originado por una denuncia de la Defensoría del Pueblo de Pilar y Autopistas del Sol a raíz de la ocupación irregular de terrenos linderos a la Panamericana, propiedad de Vialidad Nacional, para la exhibición de sus rodados.
