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Amenazas en escuelas: ya son 1.000 las denuncias en Provincia y piden embargar a los padres de los implicados

En Moreno, las familias de los alumnos que realizaron amenazas enfrentan duras sanciones económicas que la Justicia bonaerense empezó a aplicar para costear los operativos.

Amenazas en escuelas: ya son 1.000 las denuncias en Provincia y piden embargar a los padres de los implicados

En Moreno, las familias de los alumnos que realizaron amenazas enfrentan duras sanciones económicas que la Justicia bonaerense empezó a aplicar para costear los operativos.

El clima de tensión en las instituciones educativas no da tregua. Según datos oficiales, solo en la provincia de Buenos Aires se han radicado aproximadamente 1.000 denuncias vinculadas a amenazas de tiroteos, que incluyen desde pintadas y carteles hasta fotografías con armas difundidas en redes sociales.

En Exaltación de la Cruz, la situación alcanzó su punto crítico entre el jueves y viernes pasado, cuando se registraron amenazas en tres establecimientos del Partido. Esto motivó una rápida intervención de la Secretaría de Seguridad, que estableció custodias preventivas en cada una de las escuelas afectadas para garantizar la seguridad de alumnos y docentes.

A nivel regional, la Justicia comenzó a actuar con firmeza. En el partido de Moreno, la fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué (UFI N°6), junto a las doctoras Érica Chiessi y Solange Castelli (UFI N°7), solicitaron el embargo de los bienes de los padres de los alumnos identificados. La investigación logró dar con siete menores, de los cuales dos tienen 16 años y son legalmente punibles.

Durante los siete allanamientos realizados por la DDI este martes, se secuestraron armas de fuego (que coincidirían con las exhibidas en redes), celulares, tablets y computadoras. Los sospechosos fueron notificados por el delito de intimidación pública.

Por su parte, en Mar del Plata, se determinó que los progenitores deberán afrontar los costos económicos de los operativos policiales desplegados. En el caso de los embargos en Moreno, la decisión final recae sobre la jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino. El monto será establecido por la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, contemplando los gastos de investigación y el despliegue de seguridad derivado de los cambios de protocolo.

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